Una rehabilitación que cojea
Muchos se lastiman en la cárcel. Se cortan. Se cosen los labios con alambre. Tragan pilas. “Es muy normal, son como medidas de huelga. Lo hacen para pasar una semana en la enfermería”, dice el abogado Martín Frustaci. Según distintos testimonios de detenidos, pueden pasar horas para acceder a la asistencia médica y la situación es aún peor para ver a un médico fuera de la unidad.
ASSE se hace cargo en las unidades metropolitanas y de Rivera. La ampliación de sus servicios está prevista, pero no se ha concretado. El resto de las cárceles dependen de Sanidad Policial cuya función es, en realidad, atender a los funcionarios. “La atención en salud es extremadamente deficitaria y ni que hablar el tema de salud mental y las adicciones”, dice Rodríguez desde la asociación de familiares. Hay dos psiquiatras para todas las cárceles.
El INR asume que es un problema de gestión. En un pedido de acceso a la información que realizó El País, ASSE detalló que en 2021 fueron atendidos 1.562 presos. Un año después, la cifra ascendió a 2.936 y en lo que va de 2023 a 3.414. Se necesita personal y vehículos para los trasladarlos que no dejan de crecer.
No me llevaban al médico y un compañero me tuvo que sacar los puntos con un cortaúñas en la celda.
Próximamente se construirá un “hospitalito” en Santiago Vázquez. El instituto recibirá 20 móviles nuevos. Y ya han ingresado unos 300 policías formados especialmente para trabajar en cárceles y se prevé sumar a otros 59 y a 97 operadores, pero no es una tarea fácil: son pocos los que quieren trabajar detrás de las rejas y el nivel de certificaciones médicas —muchas psiquiátricas— es alto.
¿Estas cantidades alcanzan para ponerse a tiro con el incremento de la población privada de libertad? “No, pero ayuda”, dicen las autoridades.
Si la rehabilitación depende de la educación y del estudio, también hay un gran debe que se recrudece con la limitación que la Ley de Urgente Consideración primero y la Ley de Presupuesto después implantaron al impedir la redención para un elenco de delitos (entre ellos, los delitos sexuales). El abogado Jorge Barrera opina que estos artículos deben revisarse (así como se está haciendo respecto al de las mujeres que ingresan droga a la cárcel, que contribuyó al brutal boom de presas). “La forma de transmitir tanto al recluso como a la sociedad que hay delitos más graves que otros no tienen que ir por el lado del trabajo ni del estudio, sino por el quantum de la pena”, plantea.
En febrero pasado, 7.862 detenidos manifestaron interés en estudiar, pero 2.774 quedaron sin lugar en las aulas. Faltan espacios físicos y también docentes. También se necesitan fuentes laborales. En las cárceles hay poco más de dos empresas empleadoras y algunas intendencias contratan detenidos para realizar tareas pero, tras una movida para legalizar el trabajo de los presidiarios, se perdió empleo. Afuera, el panorama es similar. Por eso, días atrás, el gobierno convocó a un grupo de empresarios a un evento en el lujoso piso 22 del World Trade Center donde se presentó un proyecto de ley que subsidiará el 60% del salario de los hombres y 80% de las mujeres liberadas durante su primer año de empleo. El principal orador, frente a las 230 firmas que se hicieron presentes, fue el presidente Luis Lacalle Pou.
Pero, para mantener un trabajo en libertad, es ineludible mejorar el programa de tratamiento de drogas que se lleva adelante en el área metropolitana y en Durazno. Salinas, del INR, explica que no ha podido extenderse por falta de técnicos en las unidades. El alcance es de 400 privados de libertad: es decir, solo el 2,70% del total de presos accede. Ahora, el INR con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y el BID prepara un rediseño del programa para hacerlo crecer y se busca fortalecer los sectores de preegreso que están casi vacíos. Son pocos los que están interesados. Sin embargo, el resultado es alentador. En dos años, de los 21 que por allí pasaron, solo cinco han reincidido y en delitos menores.
Ahí hay una esperanza.
El asunto es ponerse en la piel de los presos, repite Mendoza. Una estrategia que usa cuando recorre las cárceles es ver cómo son las visitas y quiénes las reciben. En la fila están los que descienden de autos de alta gama con ancianas que recorren a pie largas cuadras desde las paradas de ómnibus, cargando una caja con lo que pudieron reunir para sus parientes. Hay niños que lo toman como un paseo dominical: van a ver al padre, al tío, al primo que está detenido. En la Junta de Traslados del INR, cada vez son más habituales las cartas de mujeres que les piden a las autoridades que por favor reúnan a sus familiares en una misma prisión: tienen a tantos detenidos que no les alcanza el tiempo para visitarlos a todos.